A las 16:08 horas del viernes 19 de junio de
1987 hizo explosión un Ford Sierra en el segundo sótano del Hipercor de
la avenida Meridiana de Barcelona, cargado con amonal y líquido inflamable. El
coche-bomba se activó mediante un temporizador programado por los asesinos de
la banda terrorista ETA Domingo Troitiño Arranz, Josefa Mercedes Ernaga Esnoz y
Rafael Caride Simón. El artefacto explosivo estaba compuesto por veintisiete
kilos de amonal y doscientos litros de líquidos incendiarios, además
de pegamento y escamas de jabón. Esto hizo que los productos
incendiarios se adhirieran a los cuerpos y se originase una gran cantidad de
gases tóxicos, que ocasionó la asfixia de las personas que se encontraban
en su radio de acción. La utilización de líquido inflamable, tipo napalm, que
se usa preferentemente contra personas, no tenía precedentes en la banda
terrorista. Varias personas resultaron "atrozmente quemadas y mutiladas,
sin posibilidad alguna de escapar ante la oscuridad producida por el humo negro
y los materiales incendiarios adheridos a su cuerpo (...) sin
posibilidad alguna de desprenderse de ellos ni apagarlos, ya que su
autocombustión se ocasionó sin necesidad de utilizar el oxígeno ambiente",
tal y como recoge la sentencia 49/1989 de la Audiencia Nacional.
La brutal explosión provocó el fallecimiento en
el acto de quince personas: MILAGROS AMEZ FRANCO, dependienta de 43
años; MARÍA DEL CARMEN MÁRMOL CUBILLO, de 36 años, y sus dos hijas, SONIA
y SUSANA CABRERIZO MÁRMOL, de 15 Y 13 años respectivamente; el
matrimonio formado por MARÍA TERESA DAZA CECILIA, embarazada, y RAFAEL
MORALES OCAÑA, de 33 años, que dejaron un hijo de 7 años huérfano de padre
y madre; MARÍA EMILIA EYRÉ DIÉGUEZ DE TEMES, ama de casa de 44 años; MERCEDES
MANZANARES SERVITJÁ, de 30 años, y sus sobrinos SILVIA y JORDI
VICENTE MANZANARES, de 13 y 9 años; MATILDE DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, de
35 años y soltera; LUISA RAMÍREZ CALANDA, de 41 años, casada y con dos
hijos; el empleado de Hipercor LUIS ENRIQUE SALTÓ VIÑUELAS, de 22 años; JOSÉ
VALERO SÁNCHEZ y el arquitecto XAVIER VALLS BAUZA, de 41 años.
Luisa Ramírez Calanda tenía 41 años. Estaba casada
con Ricardo Labad Muñoz y tenía dos hijos, Margarita y Ricardo.
Veinte años después del atentado, su hija Margarita Labad Ramírez seguía
tomando antidepresivos y reconocía que su vida laboral había estado marcada por
las bajas médicas.
Otras seis víctimas sobrevivieron unos días al
atentado, sufriendo una agonía terrible, pues la mayoría tenía quemaduras
severas en más del 80% de su cuerpo. Son Felipe Caparrós Ubierna, de 44
años, y Consuelo Ortega Pérez, de 67 años, que fallecieron dos días
después del atentado, el 21 de junio; Mercedes Moreno Moreno, de 36
años, que falleció el 23 de junio, cuatro días después; María Rosa
Valldellou Mestre, de 57 años, que falleció el 8 de julio, Bárbara
Serret Cervantes, el 16 de julio y María Paz Diéguez Fernández, de
57 años, que falleció el 3 de agosto, convirtiéndose en la vigésimo primera
víctima mortal de la masacre.
Fue una auténtica masacre, con ventiuna
víctimas mortales (cuatro de ellas niños) y cuarenta y seis personas
heridas, cinco de ellas con pérdida de miembro principal, y
diecisiete con lesiones de deformidad y pérdida de miembro no
principal. La barbarie criminal de la banda acabó con la vida de
trabajadores y clientes del centro comercial.
El coche utilizado por los terroristas había sido
robado en San Sebastián hacía cuatro meses, el 16 de febrero anterior, por el
grupo de manguis de la banda, que se dedicaba precisamente a eso: a mangar
vehículos para luego entregarlos a los etarras que perpetraban
materialmente los atentados.
Cuando se produjo la explosión no era un
momento de gran afluencia de público, pero el número de clientes que
ocupaba las cuatro plantas del establecimiento (planta baja y tres sótanos) era
considerable, ya que los viernes es un día habitual de compra. La avenida
Meridiana registraba en ese momento un tráfico intenso. Frente a la puerta de
acceso al aparcamiento, situada en uno de los laterales del edificio, un
grupo de padres aguardaba la salida de los niños de un colegio. "La
puerta del garaje saltó despedida, pero sin alcanzar a nadie", explicó uno
de ellos.
La explosión provocó un gran agujero en el techo
del segundo sótano, por lo que la onda expansiva afectó también directamente al
contiguo, una planta convertida en supermercado de alimentación. Al estallido,
que destrozó totalmente el coche-bomba, le siguió un violento incendio.
Las llamas afectaron directamente a otros veinte vehículos aparcados en el
sótano, mientras la onda expansiva causó importantes daños a veinte automóviles
más. Las instalaciones de conducción eléctrica y de agua también quedaron
inutilizadas. Esa falta de fluido eléctrico -unida al fallo de las luces de
seguridad- y la inundación que se produjo dificultaron las tareas de rescate.
Tras el fuerte impacto, empezaron a salir personas
del edificio, y entre ellas algunos primeros heridos. "Salían corriendo,
muchos de ellos ensangrentados, y los que procedían del sótano, además de las
quemaduras, llamaban la atención porque se les había abrasado
instantáneamente el cabello", explicó un testigo presencial.
En aquellos momentos se desconocía la magnitud
de la tragedia. El espeso humo causado por la explosión, la oscuridad y el
fuerte calor, se convirtieron en los principales obstáculos para el acceso de
los servicios de rescate a la planta directamente afectada. A medida que los
bomberos, provistos de equipos autónomos de respiración, avanzaban hacia el
interior, el alcance del desastre se fue desvelando. Los equipos de
rescate consiguieron llegar al lugar de la explosión, en el segundo sótano, en
torno a las 17:15 horas, una hora después de la explosión. Casi todos los
rescatados que aparecieron a partir de ese instante ya habían fallecido.
En cuanto a los heridos que consiguieron
sobrevivir, muchos de ellos sufrieron graves secuelas por quemaduras,
antiestéticas cicatrices hipertróficas en cara y diversas partes del cuerpo,
hipertrofias y rigidez articular en extremidades, pérdidas de miembros y
problemas acústicos irreversibles. El listado de heridos recogido en la
sentencia es el siguiente: Concepción Aguilar Juvé, José Manuel Alfonso
García, Ramón Aragonés Puig, Encarnación Arpall Carbonell, Ana Barroso Luque,
Gabriel Bassolt Baiget, Mª del Carmen Candalijas Cavanillas, Agustina
Cavanillas Suárez, Mª de los Dolores Closas Viladrich, Jordi Comas Cánoves,
José Francisco Domínguez Rodríguez, Asunción Espinosa Martínez, Alberto Farrús
Rameil, Mª Luisa Fernández Neira, Agustina Fita Corominas, Martín Franco
Vallestín, Carmen Frías Díaz, Mª Hortensia Gago López, Rodrigo Galicia Álvarez,
Carmen Gancedo Fernández, Susana González Sánchez, Mª del Rosario Grao Moscoso,
Alberto Izquierdo Cortés, Jaime Juan Suriol, Juan Manuel López Tello, Roberto
Manrique Ripoll, Rosario Mila Gallart, Elena Navarro Cabrera, Beatriz Omandam
Balacy, Gloria Ortega Pérez, Monserrat Ortega Silva, Javier Palmero Colinas,
Marta Planas Cuadrat, Luis Antonio Risueño Mateo, Pilar Rodríguez Catoria,
Oscar Romero Viejo, Manuela de la Rosa Rodríguez, Mª de las Mercedes Silva
García, Mª Adelina Somoza Rodríguez, Julia Tapia Aguilera, Jaime Tobeñas
Perosanz, Juan Utrilla Molina, José Vargas Rincón, Josefa Viejo Báñez, Mª del
Carmen Villaronga Porto, y la menor Jéssica López Rodríguez, que nació con
posterioridad al hecho y que, como resultado del atentado que sufrió su madre embarazada,
padece sordera severa bilateral congénita, susceptible de rehabilitación sólo
parcial mediante prótesis auditiva.
Jéssica López Rodríguez es hija de Milagros
Rodríguez, que tenía 27 años en el momento del atentado y trabajaba como cajera
de Hipercor. El día del atentado se llevó instintivamente la mano al vientre
para proteger al bebé que crecía dentro de ella. En enero de 1988 dio a luz a
una niña aparentemente sana. Cuando Jéssica tenía trece meses, un otorrino le
confirmó a Milagros lo que no quería saber: "Su hija es sordomuda".
Desde entonces, su vida ha sido una lucha constante y un periplo de
especialista en especialista. A fuerza de logopedas y audífonos, Jéssica ha
logrado emitir algunos sonidos.
Tal y como se recoge en la sentencia 49/1989 de
la Audiencia Nacional, los etarras Domingo Troitiño Arranz, Josefa Mercedes
Ernaga Esnoz y Rafael Caride Simón habían recibido órdenes de la cúpula de la
banda de atentar contra empresas de capital francés o mixto hispano-francés.
Como relata Florencio Domínguez en su libro ETA en Cataluña. De Terra Lliure
a Carod-Rovira (Temas de Hoy, 2005), la idea de atentar contra el Hipercor
de Barcelona fue de Rafael Caride "creyendo que se trataba de una firma
francesa". Durante la planificación, los etarras llegaron a la
conclusión de que era un objetivo fácil, puesto que se trataba de un
edificio civil sin ningún tipo de protección especial. Además, querían
causar el mayor daño posible. Por ello decidieron programar el coche-bomba
en pleno horario comercial.
El mismo autor, en un artículo publicado en La
Vanguardia (17/06/2007) con motivo del 20º aniversario del atentado,
escribió: "El Comando Barcelona se había convertido en aquellos meses en
el buque insignia de ETA, porque el Madrid, encabezado por Iñaki de Juana
Chaos, había sido desarticulado en enero. La estrategia etarra consistía en
perpetrar el mayor número posible de atentados y con el máximo impacto para fortalecerse
de cara a las negociaciones que se estaban gestando en Argel. La famosa
‘acumulación de fuerzas’. Por eso, el año 1987, con cincuenta y dos asesinatos,
es el cuarto con más víctimas en la historia de ETA, solo superado por los del
trienio 1978-1980". Cuando se produjo el atentado de Hipercor, el grupo
Barcelona de ETA estaba acorralado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, lo que no evitó que cometiera la masacre. Su desarticulación se produjo
en septiembre de ese mismo año.
El sábado 22 de junio entre trescientas y
quinientas mil personas, convocadas por el Parlamento de Cataluña, asistieron a
la manifestación que se celebró en Barcelona para condenar el atentado
bajo el lema "Por la convivencia en paz y libertad, Cataluña rechaza el
terrorismo". Fue la mayor manifestación de protesta en Barcelona desde que
el 11 de septiembre de 1976 los barceloneses salieron a la calle para pedir el
regreso del presidente Tarradellas. En la marcha se portaron otras pancartas
con lemas como "Votar Herri Batasuna es matar" y "Votantes
de HB cómplices".
En una pancarta muy significativa se podía leer: "¿Cómo
es posible que haya 40.000 catalanes que apoyen a los asesinos de ETA?".
Nueve días antes del atentado se habían celebrado las elecciones al Parlamento
Europeo en las que Herri Batasuna había logrado 39.692 votos en Cataluña,
sólo 831 menos de los logrados en Navarra (40.523). En esas elecciones la
coalición proetarra alcanzó el que era, hasta entonces, su techo electoral, con
360.952 votos. En las elecciones europeas de 1989 HB obtuvo poco más de quince
mil votos en Cataluña. Sin embargo, ese distanciamiento de los electores
catalanes hacia HB fue meramente coyuntural, dado que en pocos años no sólo
recobró los votos que tenía antes del atentado, sino que consiguieron apoyos
más o menos matizados en otros sectores del nacionalismo, incluido el PSC. Es
una especie de "atracción morbosa", como lo ha definido Antonio
Batista, escritor nacionalista especializado en la banda terrorista ETA.
El 25 de junio se celebró en el exterior de la
catedral de Barcelona el funeral oficial por las víctimas de la masacre,
oficiado por el cardenal arzobispo monseñor Narcís Jubany. Según la Guardia
Urbana, asistieron unas ocho mil personas, además del presidente del
Gobierno español, Felipe González, el presidente del Gobierno vasco, José
Antonio Ardanza, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, y el
ministro de Defensa, Narcís Serra.
La organización terrorista ETA reivindicó dos
días después el atentado con un comunicado remitido a la agencia France Presse
y a diversos medios del País Vasco. El comunicado reconocía el "grave
error" cometido y aceptaba "la responsabilidad que se deriva de este triste
suceso". Por su parte Herri Batasuna emitió también un comunicado el
21 de junio en el que criticaba por vez primera una acción terrorista de ETA,
aunque hacía lo propio con la dirección de Hipercor y la Policía por no haber
efectuado el desalojo.
En 1989 fueron condenados a penas que sumaban
más de 1.600 años para cada uno los etarras Domingo Troitiño Arranz y
Josefa Mercedes Ernaga Esnoz. El total de la condena era el resultado de sumar
30 años por cada uno de los veintiún asesinatos y por ser autores de cinco
delitos de lesiones con pérdida de miembro principal. También recibieron
condenas por diecisiete delitos de lesiones con deformidad, pérdida de miembro
no principal o necesidad de asistencia facultativa de más de noventa días. Todo
ello con el agravante de utilización de explosivos y premeditación.
En 2003 fueron condenados a 790 años cada uno
Santiago Arróspide Sarasola (por ordenar el atentado) y Rafael Caride Simón
(por ejecutarlo), penas que fueron confirmadas en 2004 por el Tribunal Supremo.
En 1992, ocho heridos de gravedad y cinco
familiares de víctimas mortales presentaron una demanda ante la sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en la que reclamaban al
Ministerio del Interior una indemnización total de 300 millones de pesetas. En
julio de 1997 la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
estableció, pese a considerar a los terroristas responsables directos del
atentado, "la responsabilidad de la Administración del Estado en el
resultado final por la pasividad o conducta omisiva de las Fuerzas de Seguridad
y Policía en estos hechos", por no haber desalojado los almacenes tras las
llamadas de los etarras. El TS condenó finalmente al Estado como responsable
civil subsidiario.
El equívoco mensaje, absolutamente genérico e
impreciso, que los etarras transmitieron a las 15:00 horas, avisando de la
explosión a las 15:30, tuvo consecuencias dramáticas. De hecho, la Jefatura
Superior de Policía emitió, al día siguiente del atentado, un comunicado en el
que responsabilizaba a la dirección de Hipercor de no haber desalojado
el centro. La nota oficial explicaba que hubo tres avisos de la colocación
de un artefacto (uno a la Guardia Urbana de Barcelona, otro al diario Avui
y otro a la propia centralita de Hipercor), que explosionaría, según el
comunicante, a las 15:30 horas. La Policía requirió un minuto después a la
dirección del centro comercial a que procediera a desalojar el hipermercado,
mientras se efectuaba la inspección ocular. El director del centro indicó,
según el comunicado, "que la empresa ya había montado el dispositivo de
seguridad con su propio personal y que, dadas las dimensiones del edificio y el
hecho de que había pasado la hora anunciada para la explosión, no
consideraba necesaria la evacuación".
En relación a este tema hay que hacer algunas
precisiones. El dato de la hora fue crucial para que se pensase que era una
falsa alarma, pero especialmente porque, como publicó La Vanguardia,
diariamente se recibían en Barcelona una veintena de avisos de bomba. Lo
tremendo de este caso es que no sólo hubo imprecisión en la hora de la
explosión, sino que los asesinos de ETA no avisaron de que había un
coche-bomba, sino que simplemente dijeron que explotaría una bomba,
con lo que el rastreo se realizó para buscar un paquete con explosivo, y no
se buscó expresamente un coche. La imprecisión del comunicante etarra, sin
aportar ningún dato que permitiera distinguirlo de la multitud de avisos falsos
que se recibían por aquella época, también contribuyó a que la catástrofe se
consumara. Además, y esto es también un dato a tener en cuenta, en aquellas
fechas El Corte Inglés no estaba amenazado. Sí había habido amenazas contra
hipermercados de capital francés y se habían producido atentados contra ellos.
De hecho, y como hemos señalado más arriba, los etarras creían, en una muestra
de la idiocia e ignorancia de la que se nutre la banda terrorista ETA,
que Hipercor era de capital francés.
Tras la sentencia de 1992, las otras treinta y
tres víctimas iniciaron también demandas similares contra el Estado. Aún siguen
pleiteando con el Gobierno, que en 1995 se negó a "indemnizarles como
responsable civil subsidiario, al considerar que su petición llegó fuera de
plazo", según declaró a EFE con motivo del 20º aniversario del atentado Roberto
Manrique, una de las víctimas del atentado de Hipercor.