A las 11:20 horas del jueves 28 de junio de 1991, un paquete-bomba enviado por la banda terrorista ETA, causaba la muerte en la cárcel de Sevilla-1 a cuatro personas: el funcionario de prisiones MANUEL PÉREZ ORTEGA; los reclusos JESÚS SÁNCHEZ LOZANO y DONATO CALZADO GARCÍA; y un familiar que había ido a visitar a otro interno en la prisión, RAIMUNDO PÉREZ CRESPO. La explosión, que destrozó varias salas del centro penitenciario, hirió a otras treinta personas, cuatro de las cuales fueron hospitalizadas en estado grave.
Donato Calzado García, de 27 años y natural de Gilena (Sevilla), estaba interno en la cárcel Sevilla-1 en régimen de tercer grado. Desde 1990 cumplía condena de dos años por un delito de lesiones y estaba a punto de obtener la libertad. Ayudaba en la sección de paquetería de la cárcel. Anteriormente había trabajado como albañil. Donato cumplía condena por una pelea que había mantenido años antes. El pueblo de Gilena se volcó con el fallecido, como ya había sucedido antes al ser condenado a prisión.
El artefacto estalló cuando era examinado por el funcionario fallecido y en el momento en que unos cincuenta familiares, en su mayoría mujeres y niños, esperaban en una zona contigua para visitar a los reclusos. La sala de seguridad, la de espera de familiares y la de comunicación quedaron prácticamente destrozadas. También sufrieron importantes daños el despacho del director y las oficinas de administración. La evacuación de los heridos se produjo con rapidez, gracias a la intervención de las dotaciones policiales presentes en la cárcel. Por la noche, permanecían ingresadas en diversos centros hospitalarios cuatro personas heridas graves, entre ellas dos mujeres, y otras cuatro leves, entre ellas tres niños.
El director de la cárcel y el sargento primero de la Guardia Civil que había recibido al transportista, señalaron que el paquete-bomba estaba envuelto en papel de color marrón y cinta adhesiva. El guardia civil explicó que le había comentado al transportista que el paquete le parecía "sospechoso" y que debía entregarlo al funcionario Manuel Pérez Ortega para su inspección. "Pesaba mucho y estaba muy protegido con tiras adhesivas, de esas de cinta aislante". El transportista pasó a la oficina de comunicación y entregó el paquete al funcionario Manuel Pérez Ortega. El director de la prisión, Javier Romero Pastor, acudió para la inspección y, tras anotar los datos de procedencia del paquete, comunicó al funcionario que lo metiera en el escáner y esperase. Vieron que el paquete era opaco y llamaron a los Tedax, mientras dejaban el artefacto en la sección de paquetería. "No me dio tiempo siquiera a llegar a mi despacho cuando se produjo la explosión", comentó el director de la prisión. Según Romero Pastor, el albarán entregado con el paquete indicaba que éste pesaba siete kilos, e iba dirigido a él mismo, con la inicial de su nombre y sus apellidos. El paquete procedía de Valladolid, donde había sido entregado el día 25 de junio en la sede de la empresa Transportes Castilla, filial en la ciudad castellana de Transportes Acha. El remite figuraba a nombre de Suministros AHA. Ésta es la primera vez que fallecían reclusos por la explosión de un paquete-bomba enviado a una prisión. Javier Romero Pastor había dirigido anteriormente la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).
Un grupo de reclusos del módulo 2 llegó a amotinarse en el tejado de la cárcel, pidiendo información sobre sus familiares, actitud que depusieron tras recibir explicaciones. Se sucedieron escenas de desesperación, ataques de histeria y lipotimias entre reclusos y familiares que esperaban para verlos en el momento en que se produjo la explosión. Luis Vargas Torres, un interno de 43 años que estaba limpiando la sala de espera, comentaba, llorando, lo ocurrido. "Son unos criminales, han pagado las criaturitas que venían con sus madres. No hay derecho. Yo estaba limpiando y me ha salvado la columna. Me he quedado ciego con la explosión y luego todos, también los presos, hemos ayudado a los heridos".
Posteriormente, presos y familiares quisieron linchar a los seis reclusos de ETA que estaban en la prisión, cuatro internos y dos en tránsito para asistir a un juicio. La dirección de la cárcel decidió de inmediato el traslado de los seis etarras y de dos presos de los GRAPO a la prisión de Sevilla-2, una cárcel más moderna y con mejores instalaciones. En este último centro se encontraban en ese momento internados otros cinco etarras.
Internos comunes de otras cárceles, como la de Burgos, amenazaron también a los presos etarras: "Si para el Gobierno resulta difícil acabar con vuestros comandos asesinos, para nosotros, los presos, no lo es tanto el terminar con los vuestros que se encuentren en prisión (...) Habéis encendido una mecha que os puede estallar en la cara, ya que medio millar de presos de ETA no son nada para los más de treinta mil comunes. [No vamos] a pedir justicia, sino que nos la vamos a tomar por nuestra cuenta si seguís acabando con nuestras familias". En otro escrito de los presos, bajo el título "Advertencia a Artapalo", los presos comunes se dirigían a los dirigentes de ETA así: "Vas a conseguir que reunifiquen a tus compañeros, pero no en una prisión, sino en un cementerio. Esto no es una amenaza, sino una advertencia".
El mismo día del atentado, el diario Egin publicó una larga carta, fechada el 15 de junio de 1991, firmada por trece etarras recluidos en la cárcel de Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria). Entre los firmantes se encontraba Iñaki de Juana Chaos, y en ella denunciaban "la actitud de constante acoso, provocación y vejación de la dirección de esta cárcel". Era parte de una campaña que tanto ETA como Herri Batasuna estaban realizando para denunciar la supuesta represión de los asesinos de la banda en las cárceles españolas por parte de los funcionarios de prisiones. José María Olarra, miembro de HB, había acusado, pocas horas antes del atentado, a los directores y funcionarios de prisiones de estar "tratando de crear una especie de GAL dentro de las cárceles". El secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, que viajó a Sevilla nada más tener noticia del atentado, aseguró que el Gobierno no iba a cambiar en absoluto su política penitenciaria respecto a los presos de ETA.
Al día siguiente, convocadas por Gestoras Pro Amnistía, miles de personas se manifestaron en Bilbao bajo el lema "A favor de los derechos humanos, los presos a Euskadi". El mismo día, Gesto por la Paz convocó manifestaciones silenciosas en el País Vasco como muestra de condena por el atentado. El 2 de julio más de treinta mil personas recorrieron las calles de Sevilla bajo el lema "Por la paz y la libertad", para protestar pacíficamente contra el atentado.
