En la madrugada del 6 de abril de 1980 tres individuos ametrallaron a FRANCISCO PASCUAL ANDREU, guardia civil, y a FLORENTINO LOPETEGUI BARJACOBA, pescador, mientras tomaban una copa en el Bar Biotza de Orio (Guipúzcoa). Uno de los terroristas disparó una ráfaga de metralleta, mientras otro hizo fuego con una pistola. Florentino y Francisco resultaron muertos en el acto.
Florentino se encontraba con unos amigos y se acercó a Francisco para interesarse por la marcha de una solicitud de licencia para una embarcación de su padre. Un compañero de Francisco Pascual, también guardia civil, acababa de irse porque tenía que incorporarse a su puesto de trabajo.
Francisco Pascual Andreu era de Ceuta, tenía 24 años y estaba soltero. Su cadáver fue trasladado desde el aeropuerto de Fuenterrabía a su ciudad natal donde unas cuatro mil personas asistieron al día siguiente al entierro. En la casa-cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil se ofreció una misa corpore insepulto. Presidió la ceremonia el capitán general de la II Región Militar, Pedro Merry Gordon, y asistieron el general jefe de la Segunda Zona de la Guardia Civil, Rafael Girón Lozano, y las primeras autoridades civiles y militares de Ceuta. Igualmente, asistieron los padres, hermanos y la novia de Francisco. En el momento de ser sacado el cadáver del guardia civil a la puerta del cuartel fueron lanzados varios vivas a la Guardia Civil. Francisco Pascual había conseguido recientemente su traslado a Ceuta, su ciudad natal.
Los tres etarras huyeron en un automóvil Seat 124 con matrícula de Madrid. En el lugar del atentado se recogieron trece casquillos del calibre nueve milímetros parabellum y otro del calibre 7,65 marca Gebelo.
El atentado fue reivindicado el 10 de abril por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y, al parecer, iba dirigido contra los dos guardias civiles. Los etarras no debieron darse cuenta de que uno de ellos se había marchado y le confundieron con Florentino Lopetegui. Sin embargo, los terroristas no asumieron su error en el comunicado de reivindicación, acusando a Florentino de ser un colaborador de la Guardia Civil para justificar su asesinato. La corporación municipal de Orio, en un pleno celebrado el 27 de junio, desmintió que Florentino fuese un "chivato". Lo mismo hicieron los padres de la víctima, calificando de "pura farsa" el comunicado de reivindicación de los asesinos de su hijo.
