A las once de la noche del 29 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA cumplía las amenazas que los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían hecho en el comunicado de reivindicación del asesinato seis días antes de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Guipúzcoa, asesinando en San Sebastián a JUAN CARLOS FERNÁNDEZ AZPIAZU, que trabajaba como encargado de la sección de publicidad de las páginas amarillas de la empresa Citesa, una filial de Telefónica, además de ser copropietario del Bar Kopos en la capital donostiarra.
Esa noche Juan Carlos se encontraba en el bar hablando con uno de sus socios cuando dos encapuchados de la banda entraron en el local y lo tirotearon hasta la muerte. Seguidamente huyeron a pie hasta el paseo de los Fueros, donde les esperaba otro terrorista. En el momento de producirse el atentado se encontraban en el bar media docena de personas, algunas de las cuales se marcharon inmediatamente.
La Policía recogió cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en el lugar de los hechos. El cuerpo de Juan Carlos Fernández fue trasladado directamente al depósito del cementerio municipal.
En un comunicado posterior, ETA militar se responsabilizaba del atentado y acusaba a Juan Carlos Fernández de estar implicado en el tráfico de drogas y en las escuchas telefónicas ilegales. Por si no quedaba claro que los CAA y ETA eran lo mismo, este asesinato no dejaba lugar a la duda.
A las acusaciones de la banda terrorista replicó contundentemente la viuda de Juan Carlos, Mercedes Azofra, en un comunicado público en el que denunciaba a la banda por difamar a su marido después de asesinarlo: "Os reto a que demostréis en el lugar que deseéis estas declaraciones totalmente falsas. A estos asesinos quiero decirles que en ningún momento mi esposo se ha dedicado a ningún tráfico de drogas, que tampoco tenía vinculación alguna con las posibles escuchas telefónicas y que sólo era un trabajador. A estos asesinos les pido una declaración pública".
El funeral por su alma se celebró el 31 de octubre en la parroquia de San Sebastián Mártir del barrio del Antiguo de la capital donostiarra, con la asistencia de su familia, de altos directivos de Citesa llegados desde Madrid y del alcalde de la ciudad, Jesús María Alcaín.
El asesinato de Juan Carlos Fernández Azpiazu fue cometido por el grupo Txirrita de ETA, parte de cuyos miembros fueron detenidos en enero de 1981. Los integrantes del Txirrita puestos a disposición judicial eran el religioso capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre, responsable del grupo; Manuel Ostolaza Alcocer, Rufino Echeverría Arbelaiz, Luis María de Marcos Olaizola; José Antonio Ochoa de Alaiza Azpiazu, Martín Zabaleta González y Eusebio Arzalluz Tapia. Estos dos últimos, acusados de pasar información al resto para cometer atentados.
Los etarras se confesaron autores de tres asesinatos, entre ellos el de Juan Carlos Fernández Azpiazu, cometido por Rufino Echeverría Arbelaiz y Juan Manuel Gaztelumendi Iribarren, huido en ese momento (ABC, 6/02/1981). Sin embargo, Rufino Echevarria fue absuelto por falta de pruebas en noviembre de 1982. Posteriormente sería detenido en 2002 por orden del juez Garzón, junto a otros diez miembros de Batasuna a los que se acusaba de tener vinculaciones con la banda terrorista, aunque en enero de 2010 quedó desvinculado de la causa de Bateragune "habida cuenta de la inconsistencia de los indicios que existen en su contra" (auto de la Audiencia Nacional de 25 de enero de 2010).
Juan Carlos Fernández Azpiazu, de 31 años de edad, estaba casado con Mercedes Azofra y tenía dos hijos, de 9 y 7 años. Sus amigos y conocidos lo calificaron de persona muy buena, muy trabajadora y apolítica y contaron que en una ocasión protegió a los manifestantes que eran perseguidos por la Policía.
