JOSÉ RAMÓN INTRIAGO ESTEBAN (Madrid, Comunidad de Madrid, España)


JOSÉ RAMÓN INTRIAGO ESTEBAN  ETA, Madrid, Comunidad de Madrid, España, 11/12/95
Aproximadamente cinco minutos antes de las 15:00 horas del lunes 11 de diciembre de 1995, la banda terrorista ETA hacía estallar un coche-bomba en el madrileño barrio de Vallecas al paso de una furgoneta camuflada de la Marina, hiriendo a casi medio centenar de personas y segando la vida de seis trabajadores civiles de la Armada: MANUEL CARRASCO ALMANSA, conductor de la Administración Militar; FLORENTINO LÓPEZ DEL CASTILLO, conductor mecánico; MARTÍN ROSA VALERA, chófer oficial; JOSÉ RAMÓN INTRIAGO ESTEBAN, mecánico; SANTIAGO ESTEBAN JUNQUER, funcionario administrativo y FÉLIX RAMOS BAILÓN, oficial de arsenales en el Parque de Automóviles de la Armada. 
José Ramón Intriago Esteban, de 43 años, natural de Madrid y mecánico de la Armada, estaba casado con Concepción Sáez y tenía tres hijos de 19, 17 y 8 años en el momento de su fallecimiento. Según se recoge en "La Cosecha del Odio", un artículo de ABC dedicado a las víctimas del atentado de Vallecas (ABC, 17/12/1995), José Ramón era hijo de un trabajador de la Armada y había abandonado los estudios en el instituto debido a la estrechez económica en la que vivía su familia, empezando a trabajar desde muy joven como aprendiz de mecánico en la Armada. Su gran pasión era el fútbol. Los restos mortales de José Ramón Intriago fueron enterrados en el madrileño cementerio de La Almudena.
El lunes 11 de diciembre de 1995, como cada día laborable, ocho trabajadores civiles volvían a sus domicilios, en unas viviendas militares de la calle Peña Prieta, a bordo de una furgoneta blanca de la Armada. En torno a las 14:55 horas, en la confluencia de las calles Peña Prieta y Francisco Iglesias del barrio de Vallecas, en Madrid, a muy pocos metros de una de las vías de salida a la M-30, hizo explosión un coche-bomba colocado por miembros del grupo Madrid de la banda terrorista ETA. El coche-bomba había sido cargado con unos cincuenta y cinco kilos de amonal y entre dos y tres kilos de dinamita o exógeno, y aparcado en un punto en el que los vehículos se veían obligados a reducir la velocidad.
En total, los asesinados dejaban seis viudas y veintiocho huérfanos. Los otros tres ocupantes del vehículo -Pedro Díaz, Fidel Rico y Manuel García-, sufrieron gravísimas heridas. Manuel García Muñoz, de 40 años y tornero de profesión, fue ingresado en el Hospital de Getafe con pronóstico muy grave, presentando traumatismo craneoencefálico severo, contusión pulmonar, lesión pulmonar por inhalación de gases, quemaduras en la cara y en el 30% del tronco superior, quemadura de la vía aérea superior y fractura del antebrazo derecho y también de la tibia derecha. Fidel Rico Moreno fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón en estado muy grave, con erosiones múltiples, contusión pulmonar, quemaduras de primer y segundo grado, traumatismo craneoencefálico, estallido del globo ocular izquierdo y fractura del tobillo izquierdo. Al Hospital Clínico fue llevado el oficial de arsenales y conductor Pedro Díaz Bustabat, también muy grave al igual que los otros supervivientes del vehículo. Pedro Díaz, de 49 años, fue ingresado con quemaduras en la cara, insuficiencia respiratoria y fractura abierta de la pierna izquierda, así como otras fracturas en el hombro izquierdo y la pierna derecha. Entre los vecinos y viandantes que sufrieron heridas de más gravedad estaban María Antonia Rosa Estruch,  Basilea Vargas, de 20 años y embarazada de seis meses, Miguel Ángel Puerta, de 36 años, Aurora Bailén, de 61 años, y Araceli Campos, de 52 años.
Las descripciones efectuadas por los testigos presenciales hablaban de cuerpos destrozados y de vehículos calcinados por las llamas. Muy cerca del lugar del atentado se encuentran un ambulatorio, una parada de autobús y el colegio Divina Pastora. La explosión causó también numerosos daños materiales, haciendo saltar por los aires escaparates, cornisas y ventanas de edificios en un diámetro de cincuenta metros. Además, se originó un incendio que acabó devorando muchos de los vehículos aparcados en los alrededores. Las imágenes eran dantescas. Uno de los primeros vecinos que acudió al lugar para ayudar en las labores de rescate explicó que "a una de las personas que estaba en el suelo la tibia le salía por el talón, otra tenía las tripas fuera... más allá, otra con las piernas amputadas". En similares términos se manifestaba otra de las víctimas: "Comenzaron a llover cristales y pedazos de metal. Salí del coche velozmente. Sobre la calzada vi un brazo ensangrentado arrancado de cuajo. Me encontraba a unos metros del lugar de la explosión".
En medios de la lucha antiterrorista, el atentado fue interpretado como el apoyo expreso de la banda terrorista ETA a los cabecillas de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), coincidiendo con un momento en el que el Partido Nacionalista Vasco y sectores de los socialistas vascos, habían redoblado sus esfuerzos por iniciar nuevos procesos de negociación y diálogo con ETA y Herri Batasuna. El clima político en el que tuvo lugar la matanza de Vallecas se había visto enrarecido, semanas antes, por unas manifestaciones del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en las que calificaba a los pistoleros de ETA como "patriotas vascos", mientras que días después el portavoz del mismo partido, Joseba Eguíbar, se había referido a los etarras recluidos en las cárceles como "presos políticos". Los grandes atentados de la banda, según la coordinadora KAS y tal y como se recogía en el documento "Kalamarro", servían para fortalecer a la banda. En el texto, los proetarras se felicitaban, por ejemplo, de cómo el asesinato de Gregorio Ordóñez había servido para frenar disidencias internas en la propia ETA.
El día 12 de diciembre, a las nueve de la mañana, se instaló la capilla ardiente, en la Agrupación de Infantería de Marina, situada en la calle de Arturo Soria. El mismo día tuvo lugar el funeral por el alma de los seis trabajadores asesinados, en medio de escenas de tensión, dolor y gritos de indignación en contra de ETA y del Gobierno, por parte de familiares y compañeros de los fallecidos. El funeral, que se celebró en el Cuartel General de Infantería de Marina, fue presidido por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, con la asistencia de un millar de personas entre las que se encontraban representantes de todos los partidos políticos.
A las 11:45 horas de la mañana, los seis féretros, cubiertos con la enseña nacional, fueron transportados a hombros de militares y civiles hacia el altar instalado en la capilla del acuartelamiento. En las primeras filas, a poco más de un metro de los ataúdes, se situaban las seis viudas, los veintiocho huérfanos y los hermanos y padres de las víctimas. La ceremonia terminó con los acordes de la marcha fúnebre, que sonaron después de que se cantara la Salve Marinera. Mientras los seis féretros eran transportados hacia los coches por treinta y seis voluntarios, tuvieron lugar los momentos de mayor tensión. Los múltiples aplausos no pudieron silenciar las voces de dos o tres de los familiares de las víctimas, que profirieron gritos pidiendo la dimisión del Gobierno y la muerte "para los hijos de puta de la ETA". Uno se dirigió a los políticos diciendo "sois todos basura, hay que matar a los criminales".
Tal y como ocurriera tras otras masacres de la banda asesina ETA, fueron numerosas las reacciones desde todos los ámbitos de la sociedad: instituciones y partidos políticos manifestaron su repulsa y desde la Casa Real se enviaron condolencias a los familiares de las víctimas. La Asociación Nacional de Policía Uniformada, ANPU, se dirigió expresamente al portavoz del PNV, Joseba Eguíbar, por sus recientes palabras en las que calificaba a los etarras encarcelados como presos políticos, para que "ante la nueva manifestación de los futuros ‘presos políticos’, que tarde o temprano las Fuerzas de Seguridad pondrán en manos de la Justicia, dé una respuesta que pueda devolver a los familiares de las víctimas a los seres queridos, que tan vilmente les han sido arrebatados".
Una de las voces más contundentes contra los responsables de la matanza de Vallecas fue la del entonces coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita, que se refirió a los etarras como "mugre" y "basura", afirmando que "no estamos ante unos patriotas, sino ante una jauría de auténticos hijos de perra". El líder de IU manifestó que "con los terroristas no se negocia, lo decimos ahora que hay sangre y cuando no hay sangre". José Barrionuevo, que en ese momento estaba siendo juzgado por su responsabilidad en el terrorismo del GAL, afirmó que para combatir el terrorismo "hay que utilizar todas las armas que la ley otorga, sin exclusiones".
En octubre de 2007 la Audiencia Nacional condenaba a dos de los etarras responsables de la masacre de Vallecas. Así, la Audiencia condenaba al dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi, alias Jokin y a Ainhoa Múgica Goñi, alias Olga, a cumplir un máximo de 30 años de reclusión mayor, sumando condenas por 1.243 años, al considerarlos responsables de seis delitos de asesinato y cuarenta y cuatro delitos de tentativa de asesinato, además de los delitos de integración en banda armada y estragos. Según la sentencia, ambos terroristas fueron quienes recogieron la información sobre los movimientos de la furgoneta de la Armada en la que viajaban las víctimas, sin la cual no se habría llevado a cabo el atentado.