El 29 de julio de 1994 la banda terrorista ETA hizo estallar un coche-bomba en Madrid al paso del vehículo en el que viajaba el teniente general del Ejército y director general de Política de Defensa, FRANCISCO VEGUILLAS ELICES, que había sucedido en el puesto al vicealmirante Fausto Escrigas Estrada, asesinado el mismo día nueve años antes. La explosión provocó la muerte casi en el acto del teniente general Veguillas y de su chófer, el conductor civil del Ministerio de Defensa, FRANCISCO JOAQUÍN MARTÍN MOYA, además de la de CÉSAR GARCÍA CONTONENTE, operario de una compañía de danza que se encontraba en esos momentos trabajando en la zona. La onda expansiva reventó a César García y parte de su cuerpo quedó colgando de uno de los balcones próximos. Los responsables del Instituto Anatómico Forense tardaron casi cuatro horas en identificar los tres cadáveres, ya que los cuerpos quedaron totalmente destrozados y carbonizados.
Francisco Joaquín Martín Moya, estaba casado y tenía tres hijos. Era conductor civil del Parque Móvil del Estado, destinado en el Ministerio de Defensa. Fue condecorado a título póstumo en 2001 con la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil. Su funeral se celebró a la vez que el del teniente general Veguillas Elices, en el patio de armas del Cuartel General del Ejército de Tierra, con la asistencia de numerosas autoridades civiles y militares. Al término del mismo, el ministro de Defensa impuso sobre el féretro la Cruz del Mérito Militar. Los restos mortales de Francisco Joaquín Martín fueron incinerados en el cementerio de La Almudena de Madrid.
Otras diecinueve personas resultaron también heridas por la onda expansiva, dos de ellas de gravedad. Entre los heridos se encontraban dos policías municipales que patrullaban la zona, tres guardias civiles, escoltas del teniente general que viajaban en otro vehículo, y otros tres operarios de Los Ballets de Madrid que trabajaban junto a su compañero César García.
El atentado, perpetrado por miembros del grupo Madrid de ETA, se produjo en la madrileña plaza de Ramales, una zona histórica de la capital a escasos metros del Palacio de Oriente. En torno a las ocho y media de la mañana, el etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias Hankas, tras ser avisado por Juan Arri Pascual, alias Carlos y Munipa, de la llegada a la plaza del vehículo oficial blindado procedente de la calle Arenal, accionó el mando a distancia que activó el mecanismo del artefacto cuando el coche del objetivo de ETA pasaba a la altura del coche-bomba.
Además de los muertos y heridos, la explosión de los 49 kilos de amosal y dos de amerital, metidos en dos ollas de cocina y con dos bidones de gasolina, provocó daños en cuarenta viviendas y locales, además de en sesenta y cinco vehículos estacionados en las proximidades. Algunos trozos de los turismos fueron arrancados de cuajo y lanzados por el aire a varias decenas de metros, como el techo de un automóvil que apareció en el tejado de una casa.
El vehículo utilizado por los terroristas para cometer el atentado había sido robado días antes en Madrid. Probablemente, los etarras aparcaron el vehículo minutos antes del atentado, en la plaza de Ramales esquina con la calle Santiago, puesto que estaba mal estacionado y sobresalía un poco de la esquina.
Al lugar del atentado se desplazaron inmediatamente los ministros de Defensa, Julián García Vargas, y de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, así como otras autoridades como el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. También acudieron al lugar de los hechos el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y el director general de la Policía, Ángel Olivares.
El triple asesinato fue ampliamente cubierto por la prensa española, en un momento en el que estaba en cuestión la política de reinserción de etarras, incluidos aquellos con delitos de sangre, puesta en marcha desde que, el 5 de mayo de 1994, Juan Alberto Belloch había asumido la doble cartera ministerial de Justicia e Interior. Por ello ABC tituló al día siguiente "ETA da las gracias a Felipe González por la reinserción de terroristas con delitos de sangre". Tanto González, como Belloch, Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior, y María Teresa Fernández de la Vega, secretaria de Estado de Justicia, impulsaron la política de beneficios de régimen abierto para los etarras.
Meses después, el portavoz de Herri Batasuna, Floren Aoiz, hizo la siguiente valoración: "El atentado del mes de julio fue uno de los golpes más fuertes contra el Estado desde la muerte de Carrero Blanco. Se ha ocultado la importancia real de lo que ha supuesto el liderazgo político de ETA ante una parte importante de la sociedad".
Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias Hankas, fue detenido en marzo de 1998 en Sevilla, cuando ya estaba integrado en el grupo Andalucía de ETA. En febrero de 2001 la Audiencia Nacional lo condenó a 208 años de prisión mayor por el atentado de la plaza de Ramales. En abril de 2003 es extraditado por Francia Álvaro Juan Arri Pascual, alias Carlos y Munipa. En diciembre de 2005 la Audiencia Nacional lo condena a 208 años de reclusión por su participación directa en el mismo atentado. El tribunal considera probada su integración desde 1992 en el grupo Madrid de ETA, junto a Mikel Azurmendi y otros. En noviembre 2003 es también extraditada por Francia la etarra Idoia Martínez García, alias Francisca y Olga, presuntamente implicada en este atentado según fuentes del Ministerio del Interior.
