A las 20:30 horas del domingo 4 de agosto de 2002 la banda asesina ETA hizo explotar un coche-bomba cargado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) y junto a una glorieta muy concurrida de la localidad. La explosión mató a CECILIO GALLEGO ALAMINOS, ciudadano jubilado que esperaba la llegada de un autobús en la parada situada enfrente del cuartel para dirigirse a Torrevieja, y a la niña de seis años SILVIA MARTÍNEZ SANTIAGO, hija de José Joaquín Martínez, agente de la Guardia Civil, que se encontraba en ese momento jugando en su domicilio de la casa-cuartel junto a su madre, Toñi Santiago, una tía y un primo.
Cecilio Gallego Alaminos, nacido en 1945 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y residente en Torrevieja desde hacía más de treinta años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Estuvo empleado en Telefónica hasta que se jubiló. En octubre de 2002 el Ayuntamiento de Torrevieja lo nombró hijo adoptivo a título póstumo. Entre sus grandes aficiones, destacaban la música (era miembro del Coro y Orquesta Las Salinas, donde solía tocar el laúd, además de impartir clases de guitarra a estudiantes de varios colegios públicos) y el balonmano, habiendo presidido el Club Balonmano Torrevieja. Uno de sus hijos, Juan Carlos, era el entrenador de ese equipo en el momento en que su padre fue asesinado. Desde 2007 se celebra el torneo de balonmano Memorial Cecilio Gallego en Torrevieja, donde el pabellón deportivo lleva el nombre de la víctima. Los restos mortales de Cecilio Gallego fueron enterrados en el cementerio de Torrevieja.
La explosión causó, además, heridas de diversa consideración a otras cincuenta y seis personas, según consta en el escrito fiscal (entre ellos Borja, primo de Silvia de tres años y medio, que sufrió cortes en la cara, el brazo y la pierna derecha) y cuantiosos daños materiales en los inmuebles cercanos. Dos pisos de la casa-cuartel de la Guardia Civil resultaron destrozados y decenas de edificios de los alrededores resultaron dañados por la onda expansiva de la explosión, por lo que unos ciento cincuenta vecinos tuvieron que ser realojados por el Ayuntamiento. La explosión provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, el estallido de cristales de numerosas ventanas y la caída de tabiques de los inmuebles cercanos. Además, la deflagración del coche bomba mantuvo esta zona de Santa Pola conocida como El Palmeral sin fluido eléctrico. La detonación del vehículo pudo ser oída en un radio de varios kilómetros, según explicaron comerciantes del lugar. La zona fue acordonada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado pues se temía que se produjera la explosión de un segundo coche-bomba.
Un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para atender a los heridos por la explosión. Los más graves, cuatro personas, fueron trasladados al Hospital General de Elche, el centro sanitario más cercano al lugar en el que se produjo el atentado. Los más leves fueron atendidos en el lugar de los hechos en una especie de hospital de campaña.
El coche-bomba estaba situado junto a la verja del cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina, al lado de una glorieta muy concurrida, pues allí se encontraban varias paradas de autobuses que comunicaban Santa Pola con Alicante y Torrevieja. Media hora después iba a celebrarse un festival de danza infantil en el lugar, lo que podía haber provocado un drama aún mucho mayor. A Cecilio Gallego la onda expansiva le lanzó a varios metros del lugar, provocándole la muerte en el acto. La niña Silvia sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras era trasladada al hospital.
El objetivo de la banda terrorista era provocar una matanza, pues no se recibió ningún aviso sobre la colocación del coche-bomba, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Nada más tener noticia de la acción terrorista, el ministro del Interior, Ángel Acebes, que se encontraba descansando en esa provincia con su familia, se trasladó hasta el lugar de los hechos. El titular de Interior se mostró convencido de que la intención de ETA fue colocar el coche en el lugar exacto "en el que más daño podía hacer, junto a las viviendas", destrozando todo el ala del edificio. El ministro, que visitó a la familia de la niña asesinada, aseguró que el número de víctimas "se habría multiplicado" si en el momento de la explosión se hubiesen encontrado más personas en ese ala de la casa cuartel.
Al día siguiente del asesinato, más de cinco mil personas se congregaron en la Iglesia de la Asunción de Santa Pola, en su interior y en su exterior, para despedir a Cecilio y a Silvia y mostrar su rechazo a la banda asesina. El 6 de agosto, unos veinte mil ciudadanos se manifestaron en esa localidad alicantina contra ETA y su brazo político.
Tras conocer la noticia del doble asesinato, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en un tono muy duro, y muy diferente al que actualmente se utiliza hacia el entorno proetarra, manifestó que no estaba dispuesto "a que se siga enterrando víctimas mientras que los dirigentes de Batasuna, que son basura humana y responsables tanto como los comandos de ETAde esos crímenes, estén sueltos por la calle". Por su parte, el hoy presidente del Gobierno, y entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que Batasuna se "había situado una vez más al lado de la violencia y el crimen" y que era "el momento de aplicar las leyes con firmeza y seguridad, con consenso y garantías jurídicas". Estaba aludiendo implícitamente a aplicar al brazo político de ETA la Ley Orgánica 6/2002, conocida comúnmente como Ley de Partidos, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2002, semanas antes del asesinato de Cecilio y Silvia. En marzo de 2003 el Tribunal Supremo ilegalizó Euskal Herritarrok y Batasuna, alegando en el fallo su apoyo a la banda terrorista ETA y su no rechazo a la violencia.
Mes y medio después del atentado, el 20 de septiembre de 2002, fueron detenidos en la localidad francesa de Bagneres de Luchon los presuntos autores materiales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola. Se trata de los etarras Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, y Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, integrados en el grupo Argala de ETA. En febrero de 2011, la Fiscalía pidió en su escrito provisional de conclusiones que sean condenados a 1.180 años de cárcel. La Fiscalía sostiene que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en el camping Bahía de Santa Pola, situado apenas a cuatrocientos metros del lugar del atentado. Allí se registraron con una identidad falsa y se desplazaron en ciclomotor y bicicleta para grabar imágenes del cuartel antes de cometer el atentado. Todo ello ha quedado acreditado por la documentación que se les incautó cuando se les detuvo (vídeos y fotografías). Además, la Justicia francesa ha remitido a la Audiencia Nacional la "autocrítica" manuscrita realizada por Otegi Eraso que se le incautó al número uno de ETA Juan Ibon Fernández de Iradi, alias Susper. En ella reconocía las actividades que ambos etarras habían llevado a cabo en España en el verano de 2002, entre las que se encontraba el atentado de Santa Pola.
