El 14 de julio de 1987 la banda terrorista ETA atacó un convoy de cuatro vehículos de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR), en el que viajaban catorce agentes del Cuerpo, en una carretera vecinal de Oñate (Guipúzcoa). La onda expansiva del artefacto explosivo, activado a distancia al paso del convoy, alcanzó de lleno al todoterreno que encabezaba la marcha, provocando la muerte en el acto del agente PEDRO GALNARES BARRERAS y del cabo primero ANTONIO ÁNGEL LÓPEZ MARTÍNEZ-COLMENERO.
Antonio Ángel López Martínez-Colmenero, cabo primero de la Guardia Civil de 31 años, era natural de Cabreiroa (Orense). Estaba casado y era padre de una hija de 9 años. El padre de Antonio también era guardia civil.
Otros dos guardias civiles resultaron gravemente heridos: Andrés Castillejo Martín, de 31 años, natural de Villanueva del Rey (Córdoba), casado y padre de un niño de 8 años, y Antonio Grande Lozano, natural de León, de 32 años, soltero, sufrieron choque traumático, fracturas y heridas provocadas por la metralla de pronóstico grave. Otros diez agentes de la Benemérita resultaron heridos de diversa gravedad: José Martínez Rodríguez, Agustín Álvarez Belmonte, Francisco Montes Urbano, Benedicto Martín, Pedro Delicado Navarro, Manuel Tejeiro Méndez, Antonio Martínez Hernández, José Rodríguez Chacopino, José Antonio González García y Juan Barreal Fernández. Los heridos fueron trasladados inicialmente a un centro médico de Beasaín y después al Hospital Santiago de Vitoria.
La bomba, compuesta por veinte kilos de Goma 2 y diez de metralla, estaba camuflada entre las zarzas que recubren el pretil de piedra que bordea la carretera entre Oñate y Legazpia, y empotrada en el suelo. La explosión alcanzó de lleno al primero de los cuatro vehículos del convoy que periódicamente recorre esa carretera. El vehículo, que contaba con protección semiblindada, fue proyectado a más de ocho metros y quedó destrozado en el arcén contrario, envuelto en una densa columna de humo negro.
El artefacto adosado al pretil de la carretera era del tipo conocido como hornillo, confeccionado a partir de una caja de acero laminado en cuyo interior alojaron el explosivo y la metralla, y fue accionado con mando a distancia, sin cable. Este sistema permite explosionar una bomba desde una distancia superior incluso a los quinientos metros, siempre que las ondas de radio que emite el mando no encuentren a su paso ningún obstáculo físico.
En previsión de este tipo de atentados la Guardia Civil desarrollaba regularmente en el País Vasco un servicio denominado limpieza de itinerarios, que consiste precisamente en la inspección de los arcenes y taludes que bordean las carreteras de paso obligado para sus efectivos. El comandante Enrique Galindo, máximo responsable de la Guardia Civil de Guipúzcoa, indicó que el punto en el que se produjo el atentado, en el polígono de Olakue de Oñate, fue inspeccionado días atrás. A su juicio, los terroristas colocaron la bomba hacía muy pocos días, enterados de que las unidades antiterroristas rurales recorren ese lugar al menos una vez cada dos días.
Al día siguiente se celebraban los funerales por los guardias civiles asesinados, a los que acudió el ministro del Interior, José Barrionuevo. El titular de Interior mostró la solidaridad gubernamental con todos los que "dedican su trabajo, su esfuerzo y su profesión a la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y a defender los derechos humanos de todas las personas sin ninguna excepción". En declaraciones a los medios de comunicación, hizo un encendido elogio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Yo creo que nos dan una lección. Cuando hay algunos que pretenden darnos lecciones de democracia, de ponerse como ejemplos de demócratas destacando solamente o dedicándose preferentemente, casi con exclusividad, a la defensa de los derechos de los delincuentes y de los terroristas. Yo creo que es oportuno poner de relieve cómo sin declaraciones, sin presumir, sin ponerse como ejemplo, hay hombres que dedican su esfuerzo, de verdad, a luchar por la democracia y por la convivencia y por las libertades". Por su parte, el PNV subrayó que los guardias civiles muertos son víctimas idénticas a las personas que habían perdido la vida en el centro comercial de Hipercor en Barcelona menos de un mes antes.
En 1999, la Audiencia Nacional condenó a los etarras Xabier Ugarte Villar, José Luis Erostegui Bidaguren (que fue quien activó la bomba al paso del convoy), Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, José Miguel Gaztelu Ochandorena y Xabier Usandizaga Galarraga a un total de 145 años de cárcel cada uno como autores del atentado, doble asesinato consumado, dos asesinatos frustrados y diez delitos de lesiones.
